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La deuda con las víctimas:

El pasado 27 de Noviembre titulaba el editorial del Periódico El Tiempo “La deuda con las víctimas” haciendo referencia a la falta de reglamentación sobre el tema de la “reparación a las víctimas” más aún hoy en donde diferentes jefes de las AUC han entregado bienes raíces, automóviles y dinero con el único fin de “reparar” a las víctimas; desde el punto de vista del GIJRE, pensamos que es de vital importancia reglamentar un tema tan delicado y del cual siempre hay que ver de manera crítica, que esa reparación no se convierta sólo en indemnización económica, sino que verdaderamente logre reparar el daño causado desde toda la persona, psicológicamente y socialmente, es aquí donde los pilares de la Justicia Restaurativa entran y garantizan que además de “saldar la deuda” con la víctima, el victimario quede asuma su culpa y verdaderamente busque el cambio esperado por la comunidad.

A continuación se cita la editorial mencionada:
 “La deuda con las víctimas
Ana Teresa Bernal *

Hace falta una ley que reglamente el proceso de la reparación.
Las investigaciones de la Corte Suprema y las versiones libres de los desmovilizados de las Auc en el proceso de Justicia y Paz, sumadas a las incontables denuncias que por años hicieron organizaciones de derechos humanos, dejan cada vez más claro el grado de agresión y violencia contra miles de personas y comunidades del país por algo más de dos décadas. Recorriendo el país en la labor que desempeño en la Comisión de Reparación y Reconciliación, no logro asimilar la dimensión del daño causado a tantos seres: madres y esposas de miles de desaparecidos, mutilados, mujeres violadas, niños que vieron masacrar a padres o hermanos, más el control de la vida pública y privada en muchos municipios.
El 19 de octubre, el Gobierno Nacional, junto con las instituciones que integran el Comité de Justicia y Paz, evaluó los avances en la aplicación de la Ley y consideró positiva la labor de entidades como la Fiscalía General, que ha jugado un papel importante para esclarecer la verdad judicial, identificar cadáveres encontrados en fosas y realizar las versiones libres. Pero en la misma semana y ante la lentitud del proceso para reparar a las víctimas, el Gobierno anunció la posibilidad de adoptar un programa de reparación integral y universal por la vía administrativa. Al conocer el anuncio, la CNRR se mostró complacida, pues había advertido sobre las dificultades del proceso de reparación y estaba avanzando en una formulación al respecto.
La iniciativa que el Gobierno anunció (un decreto reglamentario de la Ley 975 de 2005 que se elaboraría de la mano de la CNRR y en consulta con otras instituciones) despierta muchas preguntas: ¿Cómo se combina la vía administrativa de la reparación con la vía judicial? ¿Qué pasará con el incidente de reparación integral previsto en la Ley de Justicia y Paz? En la vía administrativa, ¿quién determina y cómo la condición de víctima? ¿Universal significa que acoge a las víctimas del Estado? ¿Qué pasa con la restitución de bienes? ¿Puede hacerse esto por decreto o por ley?
Saludando la voluntad y decisión del Gobierno de proceder en la reparación de las víctimas, creo necesario ponernos de acuerdo sobre un marco conceptual que permita seguir adelante en beneficio de las víctimas. Basándome en las definiciones estratégicas que acogió la CNRR, propongo:
"La reparación de las víctimas es urgente y necesaria; debe ser un proceso encaminado a la superación del daño. Todas las acciones deben converger a la construcción de un marco jurídico que se convierta en una política de Estado que trascienda los gobiernos. La reparación debe ser integral, o sea, incluir restitución, rehabilitación, satisfacción, indemnización y garantías de no repetición. Debe ser gradual, según el daño y el grado de vulnerabilidad de las víctimas. Debe incluir medidas simbólicas y materiales, así como individuales y colectivas.
"A diferencia de experiencias como las de Argentina y Chile, la reparación en Colombia debe incluir la restitución de los bienes a quienes fueron despojados y expulsados de sus territorios y propiedades. El programa planteado por el Gobierno debe ser complementario de la vía judicial y los otros mecanismos previstos en la Ley de Justicia y Paz. Debe considerar las expectativas de las víctimas, sus necesidades y prioridades. Ellas y sus organizaciones deben tener una participación significativa en el diseño, ejecución y evaluación del programa. El reconocimiento del daño y la dignificación de las personas mediante actos públicos de reconocimiento son fundamentales en la reparación."
Sin desconocer la iniciativa del decreto, el Estado y la sociedad deben ser conscientes de la magnitud del daño causado a gran parte de nuestra población. Sería maravilloso que esto fuera en tiempo pasado, pero lamentablemente el conflicto sigue y cada día hay nuevas víctimas. Por esto es necesario un Plan Nacional de Reparación aprobado en una ley que recoja un amplio consenso y nos permita superar la horrible noche.
* Presidenta colegiada de Redepaz e integrante de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación
Ana Teresa Bernal *

Tomado de

http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/otroscolumnistas/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-3838310.html